La Cámara de Cuentas detecta 3,3 millones sin justificar en subvenciones ‘culturales’ de Carmena
La Cámara de Cuentas de Madrid ha emitido un informe fiscalizador de la empresa municipal de cultura Madrid Destino en el que ha detectado 3,3 millones de euros en subvenciones sin justificar a producciones artísticas durante los primeros años de Manuela Carmena como alcaldesa.
En el informe de 157 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO, los expertos en fiscalización hacen un análisis de las cuentas de esta empresa 100% municipal en los años 2016, 2017 y 2018. Son ejercicios en los que Carmena, además de alcaldesa, ejerció como responsable de Cultura y de Madrid Destino tras cesar a Guillermo Zapata primero y a Celia Mayer después.
El órgano fiscalizador apoya sus averiguaciones en trabajos previos de la Subdirección General de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid y una auditoría realizada por una firma externa donde se localizaron las subvenciones sin las correspondientes justificaciones.
«Las aportaciones específicas para 26 proyectos de 2016 ascendieron a 11,7 millones, de los que, en 14 casos, no se justificaron gastos por 3.341.043 euros, y en doce proyectos con una aportación de 6.930.473 euros, se realizaron gastos por 9.976.796 euros, es decir, se gastaron 3.046.323 euros de más», señala el informe que desvela este periódico. Por un lado hay subvenciones que no se justificaron por completo y, por otro, gastos que sobrepasan los límites establecidos en un principio.
6 millones en total
El caos era tan grave que en mayo de 2019, al final del mandato de Carmena, se aprobó un manual para evitar estas malas prácticas. «A la vista de las deficiencias detectadas por la Intervención en materia de subvenciones, en mayo de 2019 Madrid Destino aprobó un Manual de Procedimiento que subsanaba las mismas», agregan los fiscalizadores.
Había «una ausencia de un marco normativo en el Ayuntamiento de Madrid que regulara los requisitos esenciales para el destino de los fondos gestionados mediante estas aportaciones». Faltaba igualmente un protocolo sobre «aspectos básicos como definición clara y detallada del objeto a financiar, procedimientos sobre la justificación de los fondos, plazos de las actuaciones y procedimientos de reintegro, entre otros».
En este sentido, los expertos señalan que «no se pudo obtener evidencia adecuada y suficiente que permitiera determinar la razón del destino de las aportaciones, debido a la ausencia de una memoria con los aspectos relativos al presupuesto, las actividades previstas y las ejecutadas. En aportaciones para financiar varias actuaciones se detectó que no se especificaban las necesidades de forma individual», agregan. Es decir, se firmaba una misma subvención para varios proyectos sin especificar el desglose.
Por otra parte, los fiscalizadores indican, en relación a 2017, que «en contratación, debe destacarse el elevado número de contratos adjudicados con procedimientos simplificados sin publicidad, 7.529.073 euros, el 80% del total. (…) Se recuerda el carácter excepcional de este procedimiento, debe darse la imposibilidad de promover concurrencia, debiendo acreditar claramente que concurre una situación de exclusividad, que no hay alternativa en el mercado. A la vista del trabajo sobre la muestra analizada, se concluye que la exclusividad no quedaba suficientemente acreditada, por lo que surgen incertidumbres sobre su adecuación a este tipo de procedimientos».
Versión del Ayuntamiento
Fuentes de la empresa pública señalan a OKDIARIO que se trata de «una serie de observaciones dirigidas a mejorar la eficacia en la gestión de la empresa pública tomando las medidas oportunas para solucionar las deficiencias que se han detectado que provienen de la etapa de Manuela Carmena».
La Cámara de Cuentas ofreció a Carmena la opción de presentar alegaciones a las deficiencias detectadas, pero la alcaldesa declinó ofrecer explicaciones. «Los resultados provisionales de la fiscalización fueron remitidos a la persona que ocupó la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid durante el periodo fiscalizado, quien no presentó alegaciones», zanjan los fiscalizadores.